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La Academia Mexicana de la Lengua no acató acuerdo: Jus
CULTURA | | 2018-06-04 | Agencias
El abogado de la editorial afirma que la Academia Mexicana de la Lengua no respetó las condiciones por las que arrendó el edificio de Donceles 66
Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), “intentó amedrentar a los directivos de editorial Jus, desconociendo el contrato y los acuerdos de inversión y mejoras al local pactados, realizados y aprobados por el anterior director (José G. Moreno de Alba).

Primero quiso venderles el inmueble y luego desconocer el contrato firmado y perfeccionado entre las partes. Cuando no logró sus propósitos demandó a la editorial, pero ha usado cualquier cantidad de artimañas para anular el legítimo derecho de Jus de recuperar lo invertido (y aprobado por la Academia) mediante el uso del inmueble”.

Eric López Isarraraz, abogado de Jus, afirma lo anterior respecto al litigio legal que la AML abrió hace casi un lustro en contra del sello octagenario, al que acusa de no haber pagado, de 2009 a la fecha, la renta del edificio colonial ubicado en la calle Donceles 66, en el Centro Histórico.

En ningún momento Jus ha dejado de pagar la renta o incumplido con el contrato”, aclara el jurista vía correo electrónico en referencia al documento firmado por ambos litigantes hacia 2004, año en que la AML le rentó a la editorial la casona que adquirió el 7 de agosto de 1956 y que fungió como su sede de 1957 a 2002.

Según los datos que aparecen en el sitio electrónico poderjudicialvirtual.com, la AML promovió el 22 de agosto de 2013 una Controversia de Arrendamiento Inmobiliario en contra de Editorial Jus, S.A. de C.V. y Fincen, S.A. de C.V., en el Juzgado 40 Civil del Distrito Federal, donde se abrió el Expediente 732/2013.

Jaime Labastida y Gabriel Yáñez, director y gerente de la AML, respectivamente, comentaron que “han ganado todas las instancias”, que “sólo falta la última instancia para dictar la sentencia definitiva” y que esperan recuperar este año el edificio de dos plantas, construido en 1828 (Excélsior, 17/05/2018).

De acuerdo con Yáñez, la renta acordada no era alta. “Tengo entendido que una parte era en efectivo (20 mil pesos) y la otra en especie (equivalente a 20 mil pesos), haciéndole mejoras a la casa. Pero el monto de las mejoras no se especificó en el contrato, quedó libre. Muchas cosas se hicieron de buena fe y ahí estuvo el problema”.

López Isarraraz responde, aunque sin mostrar documento alguno ni especificar cifras, que “siempre se ha pagado renta, incluso de manera anticipada, pues se hicieron considerables inversiones, todas documentadas y aprobadas en su momento… El costo de inversión es millonario”.

Incluso, acusa que la demanda de la AML se fundó en un documento apócrifo. “Por increíble que parezca, la Academia cometió un fraude procesal al intentar filtrar como copia certificada del contrato de arrendamiento (que se equipara a un original) una copia simple del mismo. Dicho fraude se denunció penalmente”.

El defensor añade que “la AML y sus tramposos abogados le colocaron en original, a cada uno de los tantos de la copia simple del contrato de arrendamiento que tenían, una rúbrica en la parte inferior derecha y lo llevaron al notario a cotejar, a lo que el notario avaló:

’CERTIFICO, YO JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, titular de la Notaría Pública número 153 del Distrito Federal, que la presente copia fotostática que consta de TRECE fojas, ES FIEL REPRODUCCIÓN DE LA COPIA FOTOSTÁTICA, CON UNA RÚBRICA ORIGINAL AL CENTRO DEL MARGEN INFERIOR, QUE TUVE A LA VISTA, habiéndose anotado su cotejo en el libro de registro de cotejos número CINCO, bajo el número 7643, de fecha 7 de agosto del 2013.- DOY FE’”.

El abogado deja claro que el juicio no está concluido: “Se ha alargado porque existe un sin número de violaciones al procedimiento en contra de la editorial, que se han impugnado en su momento; pero, al final, estamos seguros de que se absolverá de las prestaciones reclamadas y haremos cumplir el contrato de arrendamiento y los acuerdos posteriores en la forma y términos pactados”.

COMIENZO DEL CONFLICTO

López Isarraraz explica que la editorial Jus y la AML “siempre habían estado en comunicación y de acuerdo en todo lo realizado en el inmueble de Donceles 66, hasta que la Academia cambió de administración y decidió romperla en 2013”.

Señala que “en su momento, las condiciones que prevalecieron en los acuerdos suscritos por las partes contemplaron derechos y obligaciones que convenían a ambos. Siempre se contempló un precio justo.

Las condiciones en que la casa se recibió no merecían ni siquiera pagar renta, eran deplorables, de inhabitabilidad. No obstante, la editorial decidió pagar renta a pesar de saber que no podía utilizarla; es decir, apostó a mejorar e invertir en la condición de la casa, a pesar de que ello le generara un costo exorbitante”.

El letrado indica que “desde que se recibió el inmueble en ruinas en 2004, Jus no ha dejado de realizar mejoras e inversiones en pro de éste, al ser una facultad que le es inherente de acuerdo al contrato. El costo de inversión es millonario de acuerdo a la condición en la que se recibió el inmueble”.

Narra que todo iba bien hasta que Gabriel Yáñez, nuevo gerente en 2013, un día decidió no recibir al personal de Jus y les agendó una cita para ver los temas inherentes a los pagos, inversiones, etcétera.

Dicha cita fue con su abogado, el licenciado Aarón Pasol en el entonces Wings, que se encontraba en Álvaro Obregón esquina con Morelia; personaje que tenía como despacho ese sitio y que sospechosamente no aparece de ninguna manera dentro de las actuaciones del juicio”, apunta.

El licenciado cuenta que, en esa ocasión, “el abogado se mostró sumamente hermético, con la única intención de recuperar el inmueble propiedad de la AML; no importándole los acuerdos y condiciones que prevalecían a esa fecha, sólo se limitó a decir: ‘díganme cómo le hacemos para que nos devuelvan la casa, les puedo dar tres meses para que se salgan, no más’”.

Aclara que a Pasol “se le entregó una carpeta con las obras, mejoras e inversiones realizadas por Jus durante muchos años, así como acuerdos entre las partes –cuya copia no facilitó a este diario–; y dijo que las revisaría, agendando una cita posterior que nunca llegó, pues al día siguiente se presentó en Donceles 66 el actuario del juzgado a emplazar a juicio a la editorial, iniciando así una contienda litigiosa fraudulenta y mal planteada”.

El legista dice que las partes no pudieron llegar a un acuerdo “por la intransigencia de su abogado a instrucción de la dirección de la AML; dicho abogado amenazó ser allegado a la entonces presidencia del Tribunal Superior de Justicia y argumentó que no negociaría, que primero echaría a la editorial a la calle y luego se podía sentar a dialogar acerca de las cuentas por inversiones y acuerdos posteriores que se hubiesen firmado”.

También se cuestionó a Eric López si poseen permisos para subarrendar la casona, pues Excélsior constató que funciona en la planta baja la Pizza Del Perro Negro. “Para la operación del inmueble como restaurante se poseen todos los permisos; incluso está contemplado en el contrato de arrendamiento la posibilidad de utilizarlo para tal fin. El inmueble no se subarrienda a nadie, Jus continúa poseyéndolo”, dijo.

Finalmente, respecto a si aceptan que defraudaron la confianza de la AML, como declaró Labastida, quien la dirige desde 2011, López Isarraraz asegura que “es una lástima que un personaje como Labastida crea que está por encima de la ley y use a los medios de comunicación para dirimir lo que no ha podido acreditar ante tribunales”.

Y concluye que “Jus nunca se ha negado a llegar a un acuerdo con la AML; pero sobre la base de lo pactado, no sobre arbitrariedades unipersonales de un personaje que cree que con argucias legales y comunicados falsos va a lograr sus afanes”.

Las condiciones de arrendamiento se firmaron con el anterior director, José Moreno de Alba.